El Consell reclama al Gobierno de España 1.039,7 millones por la asistencia sanitaria prestada desde 2012 a pacientes de otras comunidades y a personas extranjeras
28/10/2025 gva.es
- La Administración central adeuda 23,1 millones por la asistencia en Atención Primaria, 887,4 por Atención Especializada, 30,9 por liquidaciones pendientes y 98,3 por la asistencia a personas de otros países
- El Consell achaca la situación a la inoperatividad del Fondo de Garantía Asistencial y a la metodología empleada por el Ministerio de Sanidad para realizar los cálculos
El Consell ha autorizado a la Conselleria de Sanidad a reclamar al Gobierno de España los 1.039,7 millones de euros que adeuda por la falta de compensación del Fondo de Garantía Asistencial y del Fondo de Cohesión Sanitaria, mecanismos con los que la Administración central debería remunerar la asistencia sanitaria prestada en la Comunitat Valenciana a pacientes de otras autonomías y a personas extranjeras.
En concreto, el Ejecutivo estatal debe a la Comunitat Valenciana, a través del Fondo de Garantía Asistencial, 23,1 millones de euros por la asistencia en Atención Primaria a visitantes de otras comunidades entre julio de 2012 y diciembre de 2013, así como 887,4 millones de euros más por la asistencia a personas desplazadas en Atención Especializada desde julio de 2012 hasta la actualidad.
Además, el Gobierno central también tiene pendiente el pago, a través del Fondo de Cohesión Sanitaria, de más de 30,9 millones de euros, de los que 8,2 millones corresponden a las liquidaciones de los años 2013 a 2023; 11,2 millones a la del 2024 y 11,5 millones del año 2025.
Por último, el Gobierno central también tiene pendiente de pago, a través del Fondo de Cohesión Sanitaria, otros 98,3 millones de euros por la liquidación sobre la facturación generada en la Comunitat Valenciana por la asistencia sanitaria prestada a personas extranjeras.
Reivindicación histórica
De esta forma, el Consell reclama el abono de los fondos dejados de percibir por la inoperatividad de la puesta en marcha del Fondo de Garantía Asistencial según lo previsto en el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes para la garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
Atendiendo al citado decreto, y en el marco del Fondo de Garantía Asistencial, se debería haber puesto en marcha la compensación económica de la asistencia sanitaria a personas desplazadas entre comunidades autónomas, pero en la actualidad este mecanismo ha tenido un alcance muy limitado y está generando un importante perjuicio económico a la Generalitat.
La Comunitat Valenciana, como el resto de las comunidades autónomas de carácter turístico, mantiene desde hace años una reivindicación histórica para reducir el desequilibrio económico que supone la prestación de la asistencia sanitaria de ciudadanos desplazados temporalmente de otras comunidades autónomas.
FOGA
Hasta la entrada en vigor del RDL 16/2012 de 20 de abril, únicamente se compensaba vía Fondo de Cohesión el gasto derivado de determinados tipos de asistencia prestada a pacientes que hubiesen sido derivados previamente desde su comunidad de origen con carácter programado y cumpliesen una serie de requisitos.
Quedaba al cargo de la comunidad autónoma receptora los gastos asistenciales de primaria, un número importante de asistencias de especializada (la no programada o la programada que no figura entre les compensables), las urgencias y las prestaciones farmacéuticas.
Después de la creación del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) contemplada en el artículo 3 del Real Decreto Ley 16/2012, debería haberse puesto en marcha la compensación económica de la asistencia sanitaria al resto de pacientes desplazados entre comunidades.
Cerca de 200.000 asistencias
En el ámbito de la asistencia especializada, la confusa redacción del apartado 5 del artículo 3 del Real Decreto Ley 16/2012 hace necesario su desarrollo reglamentario para la puesta en marcha efectiva de la compensación.
Así, en los sistemas de información de la Conselleria de Sanidad, se están identificando y registrando, de forma individual, cerca de 200.000 asistencias de Atención Especializada prestadas anualmente a personas desplazadas procedentes de otras comunidades autónomas que suponen un gasto de 77,6 millones de euros al año que no ha sido remunerado.
Asimismo, toda la asistencia sanitaria prestada a ciudadanos y ciudadanas extranjeros con Tarjeta Sanitaria Europea o procedentes de países con convenio de asistencia sanitaria recíproca es facturable, pero la metodología de cálculo de la liquidación de esta facturación utilizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Ministerio de Sanidad no respeta los derechos de cobro legítimamente adquiridos por las comunidades y genera pérdidas importantes para autonomías turísticas como la Comunitat Valenciana.
